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julio 05, 2005

Opinión | Información y transparencia • Ramiro Chávez Anaya

En México mucho se ha comentado que una de las armas más eficaces contra la corrupción es la información y transparencia. A la fecha, se tiene vigente la Ley de Información y transparencia, la cual es aplicada a través del Instituto Federal de Acceso a la Información. En Zacatecas está próxima la fecha para que entre en vigor la Ley de Información y Transparencia, es decir el próximo 15 de julio.
Sin embargo, tiene cerca de un año en que se aprobó la Ley, pero se le dio un plazo para hacerla obligatoria, esto con la finalidad de nutrir el sistema de información y con el objeto de estudiar y determinar qué información se abriría al público y cuál se consideraría de carácter reservado. Sin duda que la aplicación de dicha Ley de Información puede ser una eficaz herramienta para corregir errores o simplemente para que el ciudadano comprenda el origen y destino de los recursos públicos, que ante todo provienen de las aportaciones ciudadanas vía impuestos.
Y es importante que por ejemplo en nuestro municipio se conozcan la Ley de Ingresos que en la que indica los montos que el ciudadano tiene que cubrir vía impuestos, como es el caso del impuesto predial, así podríamos conocer el por qué de las cantidades que aparecen en nuestros recibos, lo mismo en el pago de derechos que contemplan las tarifas por uso del Rastro Municipal, el Registro Civil, las licencias de construcción, de comercio y de almacén y distribución de bebidas alcohólicas, etc.
También se conocería de los montos presupuestados en participaciones federales. Además conoceríamos el Presupuesto de Egresos del Municipio, que se refiere a los montos que se destinan al gasto corriente y al de inversión. En el debe plasmarse los salarios de funcionarios y miembros del Ayuntamiento.
Tomando como ejemplo la información que se plasmó en la edición 156 de Siglo 21, del 13 de mayo actual. Ahí se destacaron un total de 53 obras en el Ramo 33 o Fondo III para la infraestructura municipal, en una primera lista que implica un monto global de 8,598,259.00, de los cuales la inversión federal es de 6,149,872 y los beneficiarios de 2,448,387.00. Al analizar la información, encontramos que del total de 53 obras, cerca del 50 por ciento (26), corresponden a obras menores de $100,000.00, en cambio 18 obras se clasifican en un rango de (100 mil-300 mil), de las cuales nueve corresponden al área urbana y nueve al sector rural.
En el siguiente grupo se localizan ocho obras programadas con montos entre (300 y 500 mil pesos), de estas, siete corresponden a la cabecera municipal y una al área rural. Resalta también la única obra con un costo superior al millón de pesos y es el que se refiere a la conservación y mantenimiento del camino a la Cuartilla. En resumen si analizamos los montos que aplicarán en las comunidades rurales y en la cabecera municipal, refleja un cierto equilibrio de 4,634,000 en zona urbana y 3,944,000 en zona rural. Pero lo que destaca es que el 66 por ciento del total del presupuesto se invertirá en concretos hidráulicos de calles y en rehabilitación de caminos.
Estas obras habrá de analizarse si son ejecutados por los respectivos comités de obra o por la administración directa del departamento de obras públicas, pues de su aplicación pueden resultar ahorros o excesos. En otros años de los ahorros que se obtiene la administración municipal, se han logrado adquirir equipos para la presidencia cuando los comités de obra realizan los trabajos y cuando también obtienen ahorros, les puede servir para ejecutar mayor volumen de obra.
Es pues importante el conocimiento de la población para saber a “ciencia cierta” los gastos reales de las obras y asimismo para evitar que los posibles excedentes vayan a parar a manos de la corrupción.
Los regidores y contralor municipal, deben ser supervisores de una correcta aplicación de estos programas de obras. Devengan un salario o dieta y por tanto, tienen un compromiso y una obligación para con sus representados.
Una pregunta importante que hacemos por este medio a las autoridades, es el que se refiere al presupuesto de egresos, en la partida de pago por otras prestaciones, aparece la cuenta denominada “Compensación garantizada” por un monto de $855,015.00, que comparada con el monto global de servicios personales ($10,921.314.00), significa que esa partida de compensaciones, es cercana al 50 por ciento con respecto al salario aprobado.
En otras palabras, si el salario de un funcionario de $23,000.00, le agregamos la “compensación” pudiera ser que se incrementarían cerca de $11,000.00, es decir, que a final de cuentas resultaría una percepción de $33,000.00 mensuales. Pero para no especular, hacemos votos para que en apego a la Ley de Información y Transparencia, se pueda conocer: el sueldo y la respectiva compensación, para que conozcamos cuánto le cuesta al pueblo que lo administren.
Recordar la frase: ¡A mayor transparencia, menor corrupción!

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